El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado
el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se introducen un
paquete de medidas encaminadas a agilizar la instrucción de los procedimientos, a
través de “una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos”,
en palabras del Gobierno.

Dice la propia norma en su exposición de motivos que “la sociedad actual exige
un alto grado de eficiencia y agilidad en el sistema judicial, pues no puede olvidarse
que una Justicia eficaz, además de garantizar el respeto de los derechos fundamentales
de todos y de facilitar con ello la paz social, es un elemento estratégico
para la actividad económica de un país y contribuye de forma directa a un reforzamiento
de la seguridad jurídica y, en paralelo, a la reducción de la litigiosidad”.